Contexto

Una Iniciativa para Medir Nuestro Futuro

El cambio climático es un desafío que todos los países, al menos discursivamente, buscan afrontar. Para pasar del discurso a la acción se deben generar políticas claras y coherentes. En el caso de los países en desarrollo, como Perú, a esto se le suma un componente importante: la necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones así como el fortalecimiento de las capacidades para una mejor gestión pública. La iniciativa Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero SEEG Perú, que presentamos aquí tiene como origen la experiencia brasilera y un trabajo denodado por generar desde la sociedad civil y la academia, estimaciones históricas anuales, detalladas y actualizadas de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Este no es un ejercicio académico, sino un trabajo estratégico en el proceso de promover una definición de política en materia climática y fortalecer las capacidades del Estado Peruano.

Esta información que se proveerá de forma digital y accesible a los ciudadanos es una primera aproximación a las emisiones generadas por el Perú desde 1990 al 2013. Uno de los principales retos ha sido recolectar la información, lo que nos deja entrever que el cambio climático no es una prioridad de política para el Perú. Aquí el rol de la sociedad civil ha sido fundamental para proyectar y colaborar cambios sustanciales en las capacidades institucionalidades del Estado para esta gran tarea que tenemos encima.

Llama la atención que producto de una visión integral del cambio climático, no exista data actualizada de la generación de gases, así como de los factores que la generan, ni su respectivo tratamiento, o sus efectos perniciosos. La falta de una política frente al riesgo climático, escasez hídrica, de no tener una política agraria en zonas andinas y amazónicas, que generan los impactos climáticos, pero sobre todo cuanto genera la falta de previsión de los efectos en materia de control territorial como es el cambio de uso de suelo, es una recurrente en la gestión pública.

Este importante avance construido desde la sociedad civil enfrentará retos para alojarse como motor del cambio desde un Estado que se está preparando para priorizar el cambio climático como un objetivo de política a largo plazo. Un principal reto que avizoramos es la combinación del Cambio Climático bajo el impulso de un ente rector en un sistema transversal que genere un carácter mandatorio a los sectores, una política nacional vinculante y medible, que genere tareas a los sectores que promueven la inversión o se encarga de la adaptación, y a los distintos niveles de gobiernos regionales y locales. Este instrumento debería alojarse como obligación expresa de los sectores en los instrumentos de planificación en materia climática, idóneamente un instrumento complementario de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático (ENCC), la cual aún no se aprueba.

Este instrumento apoyará también los cambios sustanciales y financieros ($ 400 millones de dólares para mitigación mediante el Acuerdo Perú Noruega, fondos FIP BM, RPP REDD+, etc.) para reducir nuestra contribución al cambio climático como generadores de gases de efecto invernadero. Colocar los correctos incentivos en la sociedad y el mercado, podría ayudarnos a reducir el costo que afrontaremos en los próximos 10 años, el Perú tendrá que invertir en los próximos diez años el 4% de su PBI para hacer frente a los impactos del cambio climático, es decir S/. 8,000 millones. En ese sentido, el SEEG puede ayudar a los sectores, liderados política y técnicamente por el MINAM en alinear el financiamiento climático en el Perú, que los fondos climáticos no se perciban como proyectos de la cooperación internacional, sino como un marco integral de prioridades en temas agrarios, control territorial, priorización de inversiones energéticos, extractivos y de infraestructura, para hacer frente a la mitigación y adaptación, más allá de la sectorialidad ambiental.

Queda claro que por los datos arrojados, que el mayor generador de gases de efecto invernadero es el cambio de uso de suelo (45.8%), siguiéndole el sector energético (27%) y la actividad agropecuaria (16.7%). El Perú sigue el mismo camino de muchos países en desarrollo, al no generar incentivos en el mercado o un Estado de Derecho dirigido a la sociedad, poco a poco, las fuerzas del mercado, bajo una pobre regulación o cumplimiento de la norma, reclaman como suyos espacios o bienes públicos, que sin consideración ambiental o social, generan este aumento de GEI, y otros efectos como la deforestación en la Amazonia.

Esta información nos obliga a afrontar ciertos retos como la necesidad de mejorar la medición y el reporte de los distintos sectores que deben medir los GEI. En el sector forestal agrario, por ejemplo, es imperativa la armonización de las metodologías empleadas para medir la deforestación, pues con ello se medirá las tendencias de las emisiones de GEI por cambio de uso de suelo y actividad agrícola. Este problema de generación de data se evidencia también en energía y residuos sólidos. En este último sector, el involucramiento y la generación de capacidades de gobiernos locales se hacen más que visible.

Un punto que llama a la reflexión es la necesidad de definir una política hacia y en la Amazonia. Para cumplir con posibles metas futuras como son las INDC -por sus siglas en inglés-, o Contribuciones Nacionales en Cambio Climático, es necesario tener la capacidad de medir el grado de deforestación actual, cuál es la meta alcanzar, para ello, es necesario controlar la “inversión”, pues el modelo del Bussines as Usual, permite con su regla de oro, dejar hacer, dejar pasar, que se realice la inversión “licita”[1] o “ilícita”. En ese sentido, en el sector forestal se requiere que se defina con claridad cuál es la prioridad que se tiene sobre la Amazonía peruana, pues debemos hacer de una convivencia el aprovechamiento sostenible del bosque, con la conservación de sus ecosistemas, situación que no viene pasando con la promoción de inversiones en palma aceitera, como tantas otras, que sin control puede aumentar los impactos directos a los ecosistemas. Hasta la fecha no ha sido posible llegar a un consenso a nivel político y técnico sobre la visión de desarrollo sostenible de la Amazonía. Tanto MINAM, MINAGRI y los Gobiernos Regionales tienen funciones y competencias sobre el bosque pero con diferentes visiones de su manejo, pero a todas luces prima la visión de fomento de las actividades agropecuarias.

En cuanto al sector energético, ciertamente el Perú como importador de combustibles fósiles, puede ver con alivio el consumo del gas de Camisea, un justo precio que mantiene parejo nuestro crecimiento hasta el 2024. Sin embargo, estas dos décadas de consumo de gas pueden convertirse en los años perdidos pues no hemos invertido más que en quemarlo para electricidad o en subsidios, ni si quiera se ha planteado la opción en innovación o fuentes de energías menos contaminantes. Nuestro marco legal es muy progresista para incorporar más energías renovables en la matriz energética, no obstante, se observan continuas resistencias para implementarla. Basta con reconocer que, a la fecha, los mecanismos de promoción de subastas de RER e incentivos para el sector energético han sido insuficientes para revertir la tendencia de aumento de las emisiones de GEI en este sector que se dan por el uso de combustible fósiles, o al menos, en cumplir con que señala el marco legal: el 5% de la demanda de energía eléctrica debe cubrirse con energías renovables no convencionales.

En conclusión, existe una notoria resistencia al cambio de matriz energética que responde, hasta la fecha, a un factor de dependencia e intereses del mercado del que no reconocen ningún tipo de incentivo a corto plazo que sirva para afianzar el cambio de matriz; en otras palabras, no contamos con una política energética nacional que contengan medidas concretas que pueda llegar a garantizar el cumplimiento de reducir los GEI. Solo se tienen anuncios, pero no acciones que demuestren cómo se podrán llevar a cabo, por lo que se observa una dualidad discursiva en el sector energético, que esperamos cambien con el nuevo Plan Energético Nacional se logre revertir esta tendencia, y que las INDC sean una oportunidad para incluir realmente energías renovables a la matriz energética y medidas de eficiencia energética. El SEEG será una herramienta que nos permita medir los logros de política de este sector.

Finalmente, respecto a los residuos sólidos (5.7%), para lograr la disminución de los gases de efecto invernadero, es necesario mejorar la gestión de los residuos a todo nivel, tanto para los residuos municipales, como para los no municipales (que pertenecen a los sectores productivos) que, a pesar de tener igual magnitud que los municipales, no cuentan con una política concreta que busque mejorar su gestión y disposición final. La decisión política para mejorar la gestión de los residuos no sólo debe caer en el MINAM, sino también en las Municipalidades y los Ministerios que regulan las actividades productivas. Sobre todo en estos últimos, pues mucho de estos pasivos son los generadores de la contaminación ambiental y de la desconfianza de la población a las actividades económicas, así como causante de conflictos socioambientales; así la labor de estos sectores no sólo debe apuntar a incentivar las inversiones, sino también a que estas inversiones se realicen de forma sostenible, para lo cual el manejo de los residuos sólidos es un elemento importante.

Son muchos los retos que tiene el Perú por delante pero con la iniciativa SEEG Perú promovida por la sociedad civil y la academia, consideramos que estaremos más cerca de alcanzar en los próximos años.

No nos queda más que felicitar al equipo técnico conformado por Pronaturaleza, Ciudad Saludable, Centro de Datos para la Conservación de la Facultad de Ciencias Forestales y Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM, Fundación para el Desarrollo Agrario; que junto con el apoyo de Tasso Azevedo de Observatorio do Clima de Brasil, y junto con el apoyo financiero de la alianza Avina Skoll, la Fundación Good Energies y la Fundación Gordon and Betty Moore; teniendo como aliados a ARA Perú, Res Societas, y con la colaboración del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola, Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía IMAZON y el Instituto de Energía y de Medio Ambiente IEMA, supieron llevar adelante esta empresa. Como ARA Perú, no nos queda sino expresar nuestra gratitud y felicitaciones a todos los que hicieron posible esta iniciativa.

 

César Gamboa
Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR
Miembro de Articulación Regional Amazónica Perú ARA Perú

[1] La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene varios incentivos para promover la agricultura, desde la propia definición de los bosques o generando una deforestación legal como con el artículo 38 que autoriza el desbosque en tierra de dominio público. A ello se suma, la innumerable cantidad de normas y los vacíos legales que dejan pie a que más bosques se sigan convirtiendo en suelos agrícolas; es decir, deforestándose.

 

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